Autor: Dr. Nelson Eduardo Pabón Arévalo
Fecha: 2026
MEDOMAI Medical Journal
La violencia contra el personal de salud en Colombia no es un fenómeno marginal ni reciente. En los últimos años se ha convertido en un problema sostenido de salud pública, protección humanitaria y garantía de derechos, con un impacto directo sobre la continuidad asistencial, la seguridad del talento humano y el derecho de la población a recibir atención oportuna y digna. Los informes del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y diversos estudios académicos muestran que entre 2022 y 2025 la agresión contra la Misión Médica se mantuvo en niveles altos, con un aumento preocupante de las infracciones relacionadas con el conflicto armado, especialmente en 2024 y 2025.
[icrc](https://www.icrc.org/en/document/worrying-increase-violence-against-health-colombia)
Este problema debe leerse desde dos planos simultáneos. Por un lado, está la violencia armada: homicidios, amenazas, extorsiones, retenciones ilegales, ataques con explosivos, bloqueos de ambulancias y restricciones de acceso impuestas por actores armados ilegales. Por otro lado, está la violencia cotidiana en hospitales y servicios de urgencias: insultos, agresiones físicas, hostigamiento verbal, violencia sexual y presión social sobre el personal asistencial en contextos de congestión, desabastecimiento y frustración de los usuarios. Ambas dimensiones se retroalimentan y debilitan la capacidad del sistema sanitario para operar en condiciones seguras.
[icrc](https://www.icrc.org/es/document/la-salud-en-medio-de-los-conflictos-armados-en-colombia-2023)
Violence against health workers in Colombia remains a severe and persistent humanitarian and public health problem. Between 2022 and 2025, official and humanitarian sources documented a sustained pattern of threats, extortion, illegal detention, physical assaults, killings, obstruction of ambulances, and attacks on health facilities, with a marked increase in conflict-related violations during 2024 and 2025. These events affect physicians, nurses, paramedics, ambulance drivers, administrative staff, traditional healers, patients, and communities, particularly in territories affected by armed conflict and institutional fragility. The evidence suggests that the problem is not limited to isolated criminal incidents; it reflects the combined impact of armed group territorial control, health-system breakdown, overcrowded emergency services, and weak protection mechanisms for the Medical Mission. This article analyzes the quantitative evolution of violence, the main forms of aggression, structural drivers, legal protection frameworks, and institutional responses. It argues that effective protection requires more than public condemnation: it demands stronger reporting systems, territorial security measures, psychosocial support for health workers, and sustained coordination between the health sector, human rights institutions, humanitarian actors, and local authorities.
Las fuentes oficiales y humanitarias utilizan categorías que conviene distinguir. La Mesa Nacional de Misión Médica y el Ministerio de Salud hablan de **eventos contra la Misión Médica**, categoría amplia que abarca agresiones contra personas, instalaciones, vehículos, equipos e insumos sanitarios. El CICR distingue entre **incidentes**, que suelen corresponder a violencia no directamente vinculada al conflicto armado, e **infracciones**, que implican violaciones del Derecho Internacional Humanitario cuando el ataque se produce en contexto de conflicto.
[minsalud.gov](https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-presento-informe-de-ataques-a-la-Mision-Medica-a-cooperantes-internacionales.aspx)
Desde una perspectiva jurídico-sanitaria, esta distinción es clave. Un incidente puede originarse en usuarios, familiares o delincuencia común; una infracción supone la vulneración de una protección especial reconocida al personal y a las estructuras sanitarias en el DIH. En la práctica, no obstante, muchos casos mezclan ambos planos: un hospital puede estar expuesto simultáneamente a violencia social cotidiana y a presiones armadas territoriales.
[icrc](https://www.icrc.org/es/document/la-proteccion-de-los-hospitales-durante-conflictos-armados-que-dispone-el-derecho)
La literatura académica reciente ayuda a completar el panorama. Una encuesta sobre violencia contra trabajadores de la salud en Colombia mostró una percepción extendida de miedo y exposición al ataque “por el solo hecho de trabajar en salud”, lo que confirma que el fenómeno no es solo estadístico, sino también subjetivo y estructural. Esa percepción de vulnerabilidad es importante porque explica el subregistro y la normalización del maltrato.
[pmc.ncbi.nlm.nih](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10594855/)
Aunque el foco de este artículo es el período 2022–2026, la tendencia solo se entiende si se observa la trayectoria previa. Durante 2020, el CICR reportó 325 ataques contra la atención sanitaria en Colombia en el contexto de la pandemia, una cifra histórica que evidenció el deterioro de las condiciones de protección. En 2021, la Mesa Nacional de Misión Médica registró 553 agresiones, es decir, un incremento cercano al 70% frente al año anterior.
[icrc](https://www.icrc.org/es/document/pandemia-y-violencia-contra-la-mision-medica-en-colombia)
En 2022, el Ministerio de Salud informó 271 eventos al 7 de noviembre, mientras el CICR documentó al menos siete homicidios de personas vinculadas a la salud, además de violencia sexual, bloqueos de ambulancias, extracción forzada de pacientes, amenazas y extorsiones. Es importante subrayar que la cifra ministerial era parcial, de modo que el total anual probablemente fue mayor. Para 2023, la Mesa Nacional de Misión Médica registró 511 actos violentos, de los cuales 140 —27%— estuvieron directamente vinculados al conflicto armado. Ese mismo año se reportaron nueve homicidios de personas relacionadas con la asistencia de salud, incluidos cinco sanadores tradicionales.
[icrcnewsroom](https://www.icrcnewsroom.org/story/en/808/colombia-icrc-calls-for-special-agreements-to-be-adopted-as-part-of-negotiations-with-armed-groups)
En 2024, la magnitud del problema se mantuvo en niveles críticos. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja reportó 579 agresiones contra la Misión Médica, mientras el CICR informó 201 infracciones asociadas al conflicto armado. Esa cifra refleja no solo persistencia, sino intensificación de la violencia en territorios donde el acceso humanitario y la neutralidad médica son cada vez más frágiles. Ya en 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió que entre enero y octubre se habían registrado más de 325 eventos que vulneraban el DIH y el derecho a la salud, cifra superior en 56,2% al total monitoreado en 2024 para la misma categoría.
[icrc](https://www.icrc.org/en/article/colombia-2025-set-be-decades-worst-year-humanitarian-terms)
Las amenazas son una de las formas más frecuentes de agresión contra el personal sanitario. Pueden ser directas, telefónicas, escritas o mediadas por terceros, y muchas veces buscan imponer conductas contrarias al criterio clínico: atender fuera de turno, movilizar pacientes sin condiciones, omitir remisiones o suspender servicios por órdenes externas. En términos éticos, el constreñimiento implica la pérdida parcial de la autonomía profesional; en términos operativos, compromete la seguridad del paciente y del equipo.
[escholarship](https://escholarship.org/uc/item/85d7g76b)
La extorsión aparece con especial fuerza en zonas de control armado. Puede incluir el cobro por permitir la circulación de ambulancias, el pago de “peajes” para prestar servicios o la imposición de tarifas ilegales a instituciones o profesionales. Aunque no siempre existe desagregación estadística fina, los informes humanitarios la reconocen como una práctica recurrente que se entrelaza con amenazas, restricciones de movilidad y confinamiento de comunidades.
[icrc](https://www.icrc.org/en/publication/humanitarian-report-2025-colombia)
Las retenciones ilegales del personal sanitario representan una de las formas más graves de violencia. Pueden abarcar desde la inmovilización temporal de brigadas médicas hasta la retención de ambulancias, conductores o equipos completos de atención. En la práctica, esos hechos equivalen a privaciones arbitrarias de la libertad y pueden funcionar como secuestros de corta duración, con fuerte impacto psicológico y operativo.
[defensoria.gov](https://www.defensoria.gov.co/-/hacemos-llamado-a-la-proteccion-y-respeto-de-la-mision-medica)
La violencia letal no es esporádica. En 2022 se documentaron al menos siete homicidios de trabajadores y pacientes vinculados a la atención de salud, y en 2023 se reportaron nueve homicidios, cinco de ellos de sanadores tradicionales. En 2024 persistieron homicidios dentro del universo de infracciones vinculadas al conflicto armado. La violencia sexual también fue señalada en los reportes de 2022, aunque con subregistro evidente.
[insecurityinsight](https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/04/2024-SHCC-Colombia.pdf)
La violencia física no letal tampoco es menor. La encuesta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas sobre personal de urgencias mostró que 27% de los trabajadores había sufrido violencia física y 98,7% violencia verbal. Esto confirma que la violencia hospitalaria cotidiana es amplia, persistente y en muchos casos normalizada.
[revistas.udea.edu](https://revistas.udea.edu.co/index.php/iee/article/download/2966/2681/0)
El hostigamiento verbal constituye el piso más bajo, pero también el más extendido, de esta cadena de agresiones. Incluye insultos, gritos, amenazas, humillaciones, daños al mobiliario y presión sobre el personal para obtener atención inmediata. La literatura y la prensa coinciden en que gran parte de estos hechos no se reportan, lo que produce un subregistro importante.
[elcolombiano](https://www.elcolombiano.com/antioquia/aumentan-ataques-a-personal-medico-en-antioquia-en-2025-LO29724258)
Los balances humanitarios del CICR han señalado que el deterioro de 2023 y 2024 se relaciona con la intensificación del conflicto armado interno y el aumento de disputas territoriales entre grupos armados. En ese contexto, la salud deja de ser un servicio neutral y pasa a ser un recurso estratégico: controlar hospitales, ambulancias y equipos asistenciales puede servir para dominar población, regular movilidad o imponer reglas de convivencia.
[icrc](https://www.icrc.org/en/document/worrying-increase-violence-against-health-colombia)
Los territorios más afectados coinciden con zonas de alta conflictividad: Cauca, Chocó, Nariño, Arauca, Caquetá, Antioquia, Cundinamarca y Norte de Santander. Esa distribución confirma que la violencia contra la Misión Médica sigue la geografía del conflicto y no ocurre al azar.
[caracol.com](https://caracol.com.co/2025/10/15/defensoria-del-pueblo-lanza-alerta-para-proteger-la-mision-medica-en-colombia/)
La otra gran explicación es la crisis estructural del sistema sanitario. La congestión de urgencias, la escasez de medicamentos, las demoras administrativas, la insuficiente oferta de servicios y la percepción de abandono institucional alimentan la frustración de usuarios y familiares, que muchas veces la descargan sobre el personal de primera línea. Así, una falla estructural del sistema termina traducida en agresión interpersonal.
[revistas.udea.edu](https://revistas.udea.edu.co/index.php/iee/article/download/2966/2681/0)
La pandemia reforzó ese patrón. El miedo, la desinformación y la carga emocional de la crisis sanitaria intensificaron las agresiones contra el personal de salud y dejaron un legado de hostilidad que persiste en algunos entornos asistenciales. En otras palabras, la violencia contra el personal de salud no proviene solo de actores armados; también surge de la fragilidad institucional y del malestar social acumulado.
[icrc](https://www.icrc.org/es/document/pandemia-y-violencia-contra-la-mision-medica-en-colombia)
En 2025, el Ministerio de Salud rechazó agresiones y actos de violencia basada en género contra directivas hospitalarias y otras autoridades sanitarias. Esto revela que la violencia no recae únicamente sobre quien atiende al paciente, sino también sobre mujeres en cargos de dirección, supervisión y toma de decisiones. La dimensión de género exige respuestas diferenciales, tanto preventivas como disciplinarias y psicosociales.
[minsalud.gov](https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2025/Paginas/rechazo-agresiones-contra-mision-medica-y-exige-respeto-y-garantias-para-el-ejercicio-de-su-labor.aspx)
La protección del personal de salud y de la infraestructura sanitaria está sólidamente reconocida por el DIH y por el derecho interno colombiano. El CICR recuerda que los hospitales, las ambulancias, los puestos de salud y el personal médico gozan de protección especial y no deben ser atacados, salvo supuestos excepcionales que nunca pueden convertirse en regla.
[consultorsalud](https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2025/10/resolucion-MM-con-sugerencias_20250919161016f5-1-1.pdf)
En Colombia, el Ministerio de Salud ha insistido en el respeto a la Misión Médica y en la necesidad de proteger a quienes prestan servicios de salud en contextos de violencia. Desde el punto de vista penal, los hechos descritos pueden encajar en amenazas, lesiones personales, homicidio, extorsión, secuestro, daño en bien ajeno y otros delitos; si se producen en el marco de un conflicto armado, también pueden constituir infracciones graves al DIH.
[minsalud.gov](https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2025/Paginas/rechazo-al-ataque-contra-la-mision-medica-en-choco-y-exige-su-absoluta-proteccion.aspx)
Durante los últimos años, el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y el CICR han emitido alertas, comunicados de rechazo y llamados a la protección de la Misión Médica. La existencia de la Mesa Nacional de Misión Médica y de canales de monitoreo es un avance relevante. Sin embargo, el problema persiste y el subregistro sigue siendo alto.
[minsalud.gov](https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2025/Paginas/rechazo-nuevo-acto-que-atenta-contra-labor-de-la-mision-medica-en-la-guajira.aspx)
La limitación principal es que el rechazo institucional no siempre se traduce en protección efectiva. Muchos equipos de salud no denuncian por miedo, cansancio o porque perciben que reportar no genera una respuesta real. Sin información precisa, la política pública se vuelve reactiva y fragmentaria.
[pmc.ncbi.nlm.nih](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10594855/)
La primera prioridad debe ser fortalecer la protección preventiva del talento humano en salud, especialmente en zonas rurales, dispersas y de conflicto. Eso exige coordinación operativa entre autoridades sanitarias, fuerza pública, gobiernos territoriales y organismos humanitarios.
[icrc](https://www.icrc.org/en/publication/humanitarian-report-2025-colombia)
La segunda prioridad es reducir la violencia cotidiana en hospitales y servicios de urgencias. Para ello se requieren protocolos de manejo de agresiones, capacitación del personal, seguridad física mínima, identificación temprana de riesgos y campañas comunitarias de respeto al personal sanitario.
[elcolombiano](https://www.elcolombiano.com/antioquia/aumentan-ataques-a-personal-medico-en-antioquia-en-2025-LO29724258)
La tercera es ofrecer apoyo psicosocial y organizacional al talento humano expuesto a violencia repetida. La exposición constante a amenazas y agresiones no solo daña la salud mental del trabajador; también afecta rotación, permanencia, calidad del servicio y confianza en la institución.
[escholarship](https://escholarship.org/uc/item/85d7g76b)
La violencia contra el personal de salud en Colombia entre 2022 y 2026 se caracteriza por su persistencia, su complejidad y su superposición entre conflicto armado, crisis institucional y violencia cotidiana. Los datos disponibles muestran un deterioro sostenido: 511 actos violentos en 2023, 579 agresiones en 2024 y más de 325 eventos graves en los primeros diez meses de 2025.
[insecurityinsight](https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2025/04/2024-SHCC-Colombia.pdf)
No se trata solo de una amenaza a trabajadores individuales. Es una agresión contra la capacidad del Estado y de la sociedad para sostener una atención médica segura, neutral e imparcial. Proteger a la Misión Médica exige más que condenas públicas: requiere prevención territorial, respuesta jurídica, fortalecimiento institucional, registro robusto y reconocimiento de que el cuidado de la salud también necesita ser protegido.
[icrc](https://www.icrc.org/es/document/la-proteccion-de-los-hospitales-durante-conflictos-armados-que-dispone-el-derecho)
